Manuel A. Mireles
El conflicto político que actualmente se vive en Venezuela ha sido caldo de cultivo para el surgimiento de lo que suele denominarse “polarización social”; puede definirse como el posicionamiento radical de las personas y grupos en alguno de los “bandos” que participan de un conflicto. Dicho posicionamiento es excluyente, es decir, cada parte involucrada niega la legitimidad o la existencia de las otras, generalmente con una fuerte carga emocional que involucra la vida personal dentro del conflicto político.[3]
La polarización alcanza todas las instancias de la vida social y política, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia de “la deslegitimación de las instituciones que, dentro del Estado, están capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos: poder electoral, poder judicial, poder legislativo, etc., dejando a los/as ciudadanos/as en una especie de mezcla explosiva entre deriva, desesperanza, desconfianza y pesimismo”[4] que puede tener, entre otras, dos salidas: el recrudecimiento de la polarización y la violencia, o la apatía absoluta frente a la política y la participación en la vida pública. Cualquiera de estos dos caminos produce el deterioro y obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía.
De todo esto se deduce la necesidad de intervenir la sociedad en su conjunto, para de esta manera disminuir los niveles de conflictividad y polarización que se presentan en todos las capas sociales, sin distinción de credo, color, sexo o edad. Así la sociedad venezolana podrá garantizar la transformación efectiva de la forma en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en el país.
La polarización social y la violencia política, presentan algunos antecedentes en torno a las causas que constituyen los elementos más resaltantes del problema.
Debilidad institucional del Estado
Los primeros años de democracia en Venezuela presentaron un balance positivo en términos de acceso a la educación, la salud y generación de empleo, lo cual permitió un importante proceso de ascenso social, plasmado en la conformación de una “creciente y próspera clase media”. Sin embargo, los elevados niveles de renta petrolera no estuvieron acompañados por la consolidación de instituciones con capacidad de administrar eficazmente los recursos y de formular políticas económicas y sociales acordes con las necesidades reales del país.
“Lejos de fortalecer al Estado, la creciente renta petrolera de la nación fomentó aún más la debilidad institucional del Estado venezolano”[5], lo cual potenció la discrecionalidad en la asignación de los recursos, la deficiente planificación y la improvisación de muchas políticas públicas.
Inequidad en la distribución de la riqueza y agotamiento del modelo rentista para generar progreso
La economía petrolera generó durante las décadas de los 60´, 70´ y 80´ importantes ingresos económicos que si bien permitieron un estado de bienestar aparente, éste con el tiempo se hizo insostenible pues ocasionaba un nivel de gastos muy elevado sin el necesario aumento en la productividad nacional.
El derrumbe del modelo rentista para generar progreso trajo consigo una serie de condiciones que sostenidas a lo largo de muchos años tuvieron un impacto directo sobre las posibilidades de acceso a la educación, el empleo, la salud y el ascenso social de una gran parte de la población, que finalmente quedó al margen del desarrollo económico y social, y de los espacios de decisión y participación política.
Esta situación de exclusión que afectó a la sociedad fue consecuencia de una creciente inequidad en la distribución de la riqueza, es decir, del diferencial acceso a bienes y servicios por parte de solo un sector de la sociedad que se benefició de la producción económica que generaba el petróleo.
Desgaste del sistema político venezolano y deslegitimación de los espacios naturales de participación política
Durante la época de “bonanza” económica que atravesó el país a partir de los años sesenta, el ciudadano y la ciudadana común fueron alejándose de la actividad política cotidiana, dejándole estos espacios a un conjunto reducido de actores/as que conformaron una elite política. Ello trajo como consecuencia una ausencia de vigilancia social en las instituciones, escenarios de grave corrupción en las esferas del poder, aunado a la creencia generalizada de que Venezuela es un país rico con inagotables recursos que se han llevado los y las políticos/as de turno.
Estas condiciones fueron minando cada vez más un sistema político caracterizado por el bipartidismo entre Acción Democrática (AD) y el partido social cristiano Comité Político Electoral Independiente (COPEI), lo cual se evidenció en un largo período de inestabilidad política creciente, de aumento de la confrontación y escalada de la violencia, cuyas mayores manifestaciones fueron los sucesos del Caracazo[6] de 1989 y los intentos de golpe de Estado del año 1992.
Es así como el desgaste del sistema político venezolano supuso entonces la deslegitimación de los espacios naturales de participación. Para la década de los noventa los partidos políticos enfrentaron severas crisis institucionales, que condujeron a la desaparición o a la división de muchos de ellos (por ejemplo, el Movimiento al Socialismo –MAS-), y el surgimiento de otros nuevos como el Movimiento V República mejor conocido como MVR (partido de Gobierno) y Primero Justicia (partido de oposición).
De este modo los partidos políticos como mecanismos de representación social legítima de intereses, tuvieron que replantearse su relación con la sociedad en su conjunto, esto es, el ejercicio de un nuevo rol ante los inminentes cambios que se presentaban en una sociedad cada vez más dividida por el conflicto.
Desconocimiento de formas constructivas para la resolución de conflictos
En Venezuela, la gran cantidad de recursos económicos existentes permitieron mitigar los conflictos de intereses que se presentaban en el conjunto de la sociedad. Esta situación trajo consigo que a nivel de Estado no se fortalecieran instituciones capaces de dirimir los conflictos, pero además, impidió el florecimiento de organizaciones de la sociedad civil que aplicaran formas alternativas de resolver esos conflictos.
Estamos entonces ante la presencia de un problema que afecta tanto a la institucionalidad del Estado, como a la propia sociedad civil, incapaz de crear mecanismos efectivos en la promoción de la tolerancia. Adicionalmente, este fenómeno llevó a una falta de interés generalizado por el tema, con la consecuente falta de educación ciudadana en materia de resolución y manejo de conflictos[7].
De este modo, sin instituciones a las que pudieran acudir y sin una población capacitada en el uso de herramientas para el manejo adecuado de los problemas cotidianos, los conflictos no llegaron a resolverse, sino más bien, se mantuvieron en estado de latencia por muchos años.
Así pues, a partir de elección del presidente Chávez en año 1998 y la idea de un Gobierno que exige refundar la República con una transformación profunda de todas las estructuras de la sociedad, la crisis nacional se agudiza en todos los niveles, el conflicto emerge y escala, sin encontrar una sociedad preparada para resolverlo, por lo cual, muchas acciones han sido emprendidas hasta el momento desde diversos frentes.
Rol protagónico de los medios de comunicación en la vida política nacional
En el escenario conformado por todos los elementos mencionados, los medios de comunicación social fueron adquiriendo cada vez una mayor relevancia dentro de la vida política nacional, presentándose en algunas encuestas como una de las instituciones que contaba con mayor respaldo y confianza por parte de la ciudadanía.
Para algunos/as, los medios han suplantado el rol que deberían cumplir los partidos políticos como instituciones de representación social, pues se les acusa de tomar un rol activo y parcializado dentro del escenario de la polarización, inclinándose por determinadas tendencias políticas y manipulando la información.
Factores que dificultan el desarrollo del tema
El conflicto de la polarización social y la violencia política es una problemática actual en la sociedad venezolana, razón por la cual, en mayor o menor medida todos/as y cada uno/a de los/as venezolanos/as se han visto afectados por su desarrollo y escalada.
Esta condición, se ha convertido en una gran oportunidad para que los/as ciudadanos/as reflexionen sobre el país que quieren; de igual manera, en muchas ocasiones la dinámica de este conflicto lo ha llevado a presentar escenarios de alta tensión y violencia, lo cual imposibilitó actuar sobre el mismo de otra forma distinta a la contención, que evite que se alcance el umbral destructivo con la violencia generalizada y sin control.
Por definición, en todo conflicto están presentes un conjunto de necesidades de las partes involucradas que requieren ser satisfechas para alcanzar una solución. Si esto no se da y el conflicto comienza a escalar, los sentimientos que están en juego en cualquier problemática también escalan, pudiendo desencadenar sentimientos negativos, pasiones e instintos de defensa y supervivencia que hacen imposible que las partes en conflicto puedan en ese momento llegar a un acuerdo; es más, hacen imposible que éstas puedan siquiera sentarse en una misma mesa. En este punto es necesario que bajen nuevamente los niveles de tensión entre las partes para establecer acuerdos.
Esta condición de escalada y exacerbación de las tensiones, que conforma una de las dinámicas propias de la polarización y la violencia, es uno de los elementos que dificultan en gran medida la posibilidad de desarrollar este tema y lo que es más importante, de dialogar y alcanzar acuerdos sostenibles en el tiempo.
En definitiva, como diría Lozada: “la profunda crisis sociopolítica y económica y la polarización que hoy vive Venezuela ofrecen un panorama nada alentador y poco favorable a la construcción de espacios de tolerancia y convivencia democrática. Sin embargo, es ese uno de nuestros mayores desafíos: la construcción de espacios de diálogo y la búsqueda de alternativas democráticas a la crisis”[8]
Un Indicador de la Conflictividad en Venezuela: La Polarización Social y Política
El hecho de que las personas posean posiciones y criterios políticos diferentes no entraña ninguna gravedad; los aspectos que desfavorecen el fortalecimiento de la democracia comienzan a aparecer cuando se pierde el respeto y la aceptación de dichas diferencias, es decir, cuando la intolerancia se inscribe en el tejido social para resquebrajarlo.
Para Lozada[9] la polarización social puede ser entendida psicológicamente como:
• Estrechamiento del campo perceptivo (percepción estereotipada: «nosotros-ellos»).
• Fuerte carga emocional (aceptación y rechazo sin matices).
• Involucramiento personal (cualquier hecho afecta a la persona).
• Quiebre del sentido común (posiciones rígidas e intolerantes suplantan la discusión, el diálogo o debate de posiciones diversas).
• Familias, escuela, iglesias, u otros espacios sociales de convivencia son obligados a colocarse en alguno de los polos.
• Personas, grupos e instituciones sostienen las mismas actitudes de exclusión, rigidez o enfrentamiento presentes en la lucha política.
• La confrontación aumenta la solidaridad y cohesión dentro de cada grupo.
• La percepción mutua es desfavorable, las interacciones hostiles o inexistentes y el conflicto es latente o manifiesto.
La naturalización de la violencia: la transformación del imaginario social
En el actual conflicto venezolano se viene produciendo una transformación del imaginario social referido al espíritu de convivencia que ha caracterizado a los venezolanos en las últimas décadas. Ante la actual situación de polarización y violencia política, la población sufre un proceso de cambios que afectan su vida, asumiendo como normal, por habitual, lo que no lo es. Ante la avalancha de sucesos de agresión, muerte y destrucción material o simbólica se transforma en cotidiana la violencia, y en este proceso de internalización y naturalización, se trastoca tanto la identidad del individuo como sus relaciones sociales.
“Así, cada sector incrementa su hermetismo como colectivo, percibiendo a los grupos opuestos políticamente, como posibles enemigos. Ante el temor a ser atacado, el cual es exacerbado por rumores, informaciones falsas, etc., se generan acciones defensivas individuales o de grupos para «atacar» o «salvarse», donde el lema explícito o implícito es: el Otro es el enemigo”.[10]
¿Qué se ha hecho?
A raíz de la profundización que ha sufrido la problemática planteada, desde algún tiempo se vienen desempeñando en el país distintas actividades orientadas a disminuir los niveles de conflictividad presentes en la sociedad venezolana. Algunas de estas actividades tienen como objetivo dar a conocer “Métodos y Herramientas para la Resolución Constructiva de Conflictos” o como también son llamados “Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos”. Así mismo buscan acercar y restablecer la comunicación entre las partes en conflicto, fomentar valores democráticos como la tolerancia, el respeto y el consenso, finalmente, promover el desarrollo de la cultura de paz en la sociedad en su conjunto.[11]
Estas actividades han estado dirigidas a muchos sectores de la población: las elites, las instituciones gubernamentales y las no gubernamentales, organizaciones de base y las comunidades educativas, entre otras. Su ejecución ha estado a cargo de organizaciones nacionales e internacionales que han mostrado interés en el tema y han procurado dar su aporte para la solución del conflicto en el país. Entre estas organizaciones internacionales destaca la labor de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter, las cuales han venido realizando facilitación de procesos de consenso entre las partes en conflicto y algunos procesos de capacitación de agentes de la sociedad civil en el tema de la cultura de paz.
El “Acuerdo de Mayo”: Una experiencia exitosa.
La experiencia emblemática que se tiene en el país en el tema de la resolución de conflictos se vivió a partir del mes de noviembre del año 2002, cuando se logran sentar en una misma mesa las partes protagonistas del conflicto nacional: representantes del gobierno y de la oposición nacional.[12] Ello fruto de un proceso de desgaste creciente de las relaciones entre ellos, caracterizados por un intento de golpe de estado en abril del 2001, continuos paros nacionales y la amenaza de nuevas acciones de esta índole, continuas manifestaciones de calle por parte de los distintos actores/as involucrados/as y un creciente estado de conflicto y violencia nacional.
El Gobierno Nacional, motivado por el aumento de la tensión social y política, extendió al Centro Carter y a la Organización de Estados Americanos (OEA) una invitación para presidir la llamada “Mesa de Negociación y Acuerdos”. Este espacio estaría destinado al diálogo entre representantes de la Oposición y del Gobierno Nacional, con el fin de encontrar una salida concertada y pacífica a la grave crisis que afectaba al país. Desde su llegada al país, ambas instituciones internacionales fungieron como las principales garantes de la negociación entre las partes, garantizando el éxito de todo el proceso y comprometiendo a los actores/as implicados/as en el respeto de los acuerdos concertados. Es así como, luego de varios meses de intensa negociación, pudo firmarse el denominado “Acuerdo de Mayo”, el cual contemplaba la realización del Referéndum Revocatorio Presidencial, figura jurídica contenida en la Constitución Nacional que apela a la consulta popular como mecanismo para legitimar o revocar el gobierno del primer mandatario nacional.
Luego de la intervención del Centro Carter y de la OEA, y posterior a la publicación del acuerdo alcanzado por las partes en disputa, los niveles de conflicto se mitigaron y el país poco a poco comenzó a recuperar su cotidianidad. En consecuencia, podríamos afirmar que este acuerdo sirvió en su momento para contener un conflicto que escalaba cada vez más. Es importante comentar que hasta el momento, y a pesar de múltiples problemas que se han presentado por parte de los distintos actores/as involucrados/as en la vida política nacional, los pactos acordados en la “Mesa de Negociación y Acuerdos” se han respetado tanto por parte del gobierno como de la oposición. En Agosto de 2004 se realizó una consulta popular que legitimó al presidente Hugo Chavez en el poder; que según los observadores electorales nacionales e internacionales como lo son: la OEA y el Centro Carter, se desarrolló de manera tranparente.
OEA, Centro Carter y Sociedad Civil Organizada: Otras experiencias
Conscientes de que los acuerdos a los que pueden llegar las élites son sustentables en la medida en que las bases así lo permitan; OEA y Centro Carter con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han planteado estrategias dirigidas a organizaciones de la sociedad civil, con el fin de identificar aliados/as claves que desde las bases puedan desempeñar un rol estratégico en la resolución y contención del conflicto. La estrategia más utilizada, en el establecimiento de canales de comunicación con la sociedad civil, ha sido la organización de talleres de capacitación en manejo constructivo y/o alternativo de los conflictos, así como la conformación de redes sociales que pudieran contener posibles escenarios de violencia desbordada.
Pedagogía para la Paz: Herramientas de Resolución de Conflictos en la Escuela
Una de las experiencias estuvo dirigida a miembros de comunidades educativas en todos el país y tuvo como objetivo principal facilitar contenidos para el manejo adecuado de los conflictos en el aula de clases y en la escuela en general, realzando valores como la paz, la tolerancia y el respeto, partiendo de una perspectiva sistémica.
Se involucró a las comunidades educativas nuevamente, haciéndose hincapié en la población infantil y juvenil, siendo la experiencia muy exitosa y enriquecedora. Los/as jóvenes tienen la facilidad de apropiarse rápidamente de estas herramientas, surgiendo de ellos/as la iniciativa de replicar estos contenidos a sus padres y representantes, profesores u otros adultos/as que se manejan en espacios potenciales de conflicto dentro de la escuela o en otros ámbitos de acción.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Esta organización no gubernamental tiene como objetivo la promoción y defensa de derechos humanos, tales como, el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y la seguridad personal e inviolabilidad del hogar.
Entre sus experiencias más interesantes se encuentra la del Programa “Construyendo Justicia y Paz”, el cual busca potenciar a nivel nacional e internacional, la promoción y defensa de los derechos humanos. Este programa está dirigido a los diferentes poderes públicos del país, a medios de comunicación, a organizaciones gubernamentales internacionales de derechos humanos y a los grupos no gubernamentales nacionales e internacionales que orientan su acción en la defensa de derechos humanos como base de la cultura de paz.
Paz en Movimiento
Este es un conjunto de mas de 100 organizaciones y personas que se han unido con la finalidad de llevar adelante eventos que promuevan valores tales como la tolerancia, el respeto, entre otros, fomentando un clima de convivencia pacífica entre los/as ciudadanos/as. Para ello este colectivo ha llevado adelante un conjunto de acciones que han permitido reflexionar y elaborar planes de acción que contribuyan a la despolarización de la ciudadanía y que permitan contener posibles escenarios de violencia.
Dentro de sus estrategias más importantes está la organización de encuentros para difundir la temática de la tolerancia y la paz. El primero de ellos se realizó durante el mes de noviembre de 2003 en distintas ciudades del territorio nacional y consistió en la realización simultánea de un conjunto de actividades adelantadas por algunas de las organizaciones que lo conforman, además de eventos culturales como obras teatrales, danzas y toques musicales realizados en plazas públicas.
Frente a la polarización y la violencia, es necesario defender el diálogo y la paz, de ahí que creemos necesario atender con prioridad los procesos de reconstrucción del tejido social que se ha fracturado como consecuencia del conflicto. Cuatro factores son centrales en este proceso de reconstrucción del tejido social:
• La despolarización social.
• La lucha contra la impunidad.
• La reparación social.
• La construcción de ciudadanía y cultura de la paz
Algunas propuestas
Construcción de una visión compartida de país desde la perspectiva de los derechos humanos y la cultura de paz.
La superación de la polarización depende en primera instancia de un nuevo acuerdo nacional, en el cual participen todas las fuerzas y sectores sociales en pugna, con el objeto de concertar una visión de país y los mecanismos para poder alcanzarla. La puesta en escena de una meta y de un camino en común, supone un reconocimiento de la existencia de un legítimo otro/a, y por ende, marcaría un primer paso en el manejo adecuado de las tensiones inherentes a la vida social. Así pues se propone la construcción de un modelo de país compartido que incluya los siguientes aspectos generales:
• Superación de la pobreza, la exclusión y la inequidad social.
• Crecimiento económico sustentable mediante el fortalecimiento del aparato productivo “formal” de nuestra economía. (fomento del empleo y control de la inflación).
• Rescate de las instituciones que integran el Estado en su conjunto: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Moral (control de la corrupción, transparencia, auditoria – vigilancia social).
• Mejorar el Acceso a los grandes servicios públicos (salud y educación).
• Controlar la inseguridad ciudadana.
• Hacer especial énfasis en promover la educación en derechos humanos y cultura de paz.
Desde esta perspectiva Lozada plantea otras acciones que pueden contribuir a la despolarización y a la reconstrucción del tejido social, como lo son:
• Creación y/o fortalecimiento de espacios de diálogo y redes de apoyo.
• Generar redes de apoyo entre grupos u organizaciones, que ofrezcan seguridad afectiva y espacios alternativos para el intercambio de posiciones y búsqueda de salidas al margen del esquema polarizador.
• Creación de espacios de discusión auspiciados por instituciones como la Iglesia, universidades, organizaciones de derechos humanos, ONG, etc., donde se establezcan acuerdos de diálogo basados en la no descalificación, ni satanización del adversario y se definan mecanismos garantes de la seguridad de las personas y grupos participantes.
• Proteger los espacios de cohesión y/o encuentro social: familia, escuela, comunidades, ámbitos laborales, y ámbitos de recreación y esparcimiento (restaurantes, salas de concierto, p.e.) de la confrontación política y la polarización.
• Visibilizar y legitimar opciones alternativas a la polarización, donde grupos y figuras con diferentes posiciones, solvencia moral y credibilidad pública, ofrezcan otras miradas más realistas y menos mediatizadas del conflicto.
• Dar a conocer y reproducir experiencias locales concretas de diálogo entre sectores con diferentes posiciones políticas, a partir de bases mínimas de consenso. [13]
Promoción de formas constructivas de resolución de conflictos desde la perspectiva de los DDHH y la cultura de paz
El orden y la paz social dependerán en gran medida de la conformación y difusión de distintos mecanismos formales y alternativos con los que la sociedad pueda solventar de manera pacífica sus conflictos. El Estado tiene un rol protagónico en la conformación y creación de instituciones que den respuestas eficaces a los problemas ciudadanos y que les permitan solventar los mismos de una manera constructiva, en alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, se han considerado un conjunto de líneas que podrían contribuir a alcanzar esta meta. Las mismas se especifican a continuación:
• Afinar los mecanismos de acceso a la justicia por medio de la reforma del sistema de justicia.
• Otorgar a los medios de comunicación un rol protagónico en la socialización de los/as ciudadano/as en valores democráticos, el conocimiento de la ley y los mecanismos formales de acceder a la justicia, así como formas alternativas de resolución de conflictos que promuevan un clima de paz.
• Trabajar de forma permanente y sistemática con centros de enseñanza en la promoción la ciudadanía y cultura de paz.
• Propiciar el diálogo y mecanismos de cooperación entre los sectores público y privado.
• Continuar el trabajo que se viene desarrollando con el auspicio de organizaciones internacionales (OEA, Centro Carter y PNUD) en esta materia.
• Recuperar el rol de los partidos políticos como organizaciones que articulan las demandas de la ciudadanía hacia los decisores públicos.
La paz es un instrumento de transformación social, una herramienta intelectual de comprensión y de análisis y también un instrumento de cambio que puede ayudar a comprender el punto en el que se está, qué horizonte se quiere alcanzar y cómo establecer los pasos para acercarnos a él.
La cultura de paz es resultado de un largo proceso de reflexión y de acción, no es un concepto abstracto, sino el fruto de una actividad prolongada en favor de la paz y de los derechos humanos en distintos contextos y períodos históricos. De esta mirada la situación actual de conflicto político y social en Venezuela representa una oportunidad de crecimiento y desarrollo para fortalecer la democracia y el Estado Social de Derecho.
En este sentido la resolución no violenta de conflictos es efectivamente una aptitud necesaria para comprender a apoyar los derechos de las personas considerando que el conflicto es un aspecto más o menos permanente en la vida.
Por ello la formación de ciudadanos/as en herramientas para la resolución de conflictos cotidianos de manera pacífica y democrática es condición fundamental para el alivio de las tensiones sociales inmanentes a la pluralidad de intereses existentes al interior de toda sociedad. Es por ello, que la conformación de instituciones formales y alternativas especializadas en el manejo de los conflictos, al nivel del Estado y de la sociedad civil, son condiciones esenciales para el mantenimiento de un clima de tolerancia y de paz social.
Referencias:
[1] El presente artículo se basa en el trabajo monográfico realizado por el autor, para alcanzar el título de especialista superior en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
[2] Licenciado en Ciencias Pedagógicas, especialista superior en Derechos Humanos. Director de Investigación y Documentación del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Profesor titular del Diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
e-mail: manmireles@hotmail.com
[3] Lozada, Mireya. Violencia política y polarización social: desafíos y alternativas. Conferencia dictada en el Centro de Estudios Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» (CELARG), Caracas, 9 de junio de 2002.
[4] Alvarez, Angel. "La crisis de hegemonía de los partidos políticos venezolanos". En: Alvarez, Angel (Coord). El Sistema Político Venezolano: crisis y transformaciones. UCV, Caracas, 1996
[5] Gabaldón, Luis et al. Legitimidad y Sociedad. Editorial Alfadil/Tropykos. Caracas, 1989.
[6] Oleada de saqueos en la principales ciudades del país como respuesta a las acciones neoliberales del presidente Carlos Andrés Pérez.
[7] Mato, Daniel. Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y El Caribe. Editorial Nueva Sociedad. Caracas, 1994.
[8] Lozada, Mireya, Violencia política y polarización social: desafíos y alternativas. Conferencia dictada en el Centro de Estudios Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» (CELARG), Caracas, 9 de junio de 2002.
[9] Op. Cit.
[10] Lozada, Mireya, Violencia política y polarización social: desafíos y alternativas. Conferencia dictada en el Centro de Estudios Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» (CELARG), Caracas, 9 de junio de 2002.
[11] Programa Venezolano de Educación-Acción en derecho humanos (PROVEA), “Situación de los derechos humanos en Venezuela” Informe Anual Oct. 2003-Sep. 2004.
[12] Programa Venezolano de Educación-Acción en derecho humanos (PROVEA), “Situación de los derechos humanos en Venezuela” Informe Anual Oct. 2002-Sep. 2003
[13] Lozada, Mireya, Violencia política y polarización social: desafíos y alternativas. Conferencia dictada en el Centro de Estudios Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» (CELARG), Caracas, 9 de junio de 2002.
La polarización alcanza todas las instancias de la vida social y política, siendo al mismo tiempo causa y consecuencia de “la deslegitimación de las instituciones que, dentro del Estado, están capacitadas para intervenir en la resolución de los conflictos: poder electoral, poder judicial, poder legislativo, etc., dejando a los/as ciudadanos/as en una especie de mezcla explosiva entre deriva, desesperanza, desconfianza y pesimismo”[4] que puede tener, entre otras, dos salidas: el recrudecimiento de la polarización y la violencia, o la apatía absoluta frente a la política y la participación en la vida pública. Cualquiera de estos dos caminos produce el deterioro y obstaculiza el ejercicio de la ciudadanía.
De todo esto se deduce la necesidad de intervenir la sociedad en su conjunto, para de esta manera disminuir los niveles de conflictividad y polarización que se presentan en todos las capas sociales, sin distinción de credo, color, sexo o edad. Así la sociedad venezolana podrá garantizar la transformación efectiva de la forma en que tradicionalmente se ha entendido el conflicto en el país.
La polarización social y la violencia política, presentan algunos antecedentes en torno a las causas que constituyen los elementos más resaltantes del problema.
Debilidad institucional del Estado
Los primeros años de democracia en Venezuela presentaron un balance positivo en términos de acceso a la educación, la salud y generación de empleo, lo cual permitió un importante proceso de ascenso social, plasmado en la conformación de una “creciente y próspera clase media”. Sin embargo, los elevados niveles de renta petrolera no estuvieron acompañados por la consolidación de instituciones con capacidad de administrar eficazmente los recursos y de formular políticas económicas y sociales acordes con las necesidades reales del país.
“Lejos de fortalecer al Estado, la creciente renta petrolera de la nación fomentó aún más la debilidad institucional del Estado venezolano”[5], lo cual potenció la discrecionalidad en la asignación de los recursos, la deficiente planificación y la improvisación de muchas políticas públicas.
Inequidad en la distribución de la riqueza y agotamiento del modelo rentista para generar progreso
La economía petrolera generó durante las décadas de los 60´, 70´ y 80´ importantes ingresos económicos que si bien permitieron un estado de bienestar aparente, éste con el tiempo se hizo insostenible pues ocasionaba un nivel de gastos muy elevado sin el necesario aumento en la productividad nacional.
El derrumbe del modelo rentista para generar progreso trajo consigo una serie de condiciones que sostenidas a lo largo de muchos años tuvieron un impacto directo sobre las posibilidades de acceso a la educación, el empleo, la salud y el ascenso social de una gran parte de la población, que finalmente quedó al margen del desarrollo económico y social, y de los espacios de decisión y participación política.
Esta situación de exclusión que afectó a la sociedad fue consecuencia de una creciente inequidad en la distribución de la riqueza, es decir, del diferencial acceso a bienes y servicios por parte de solo un sector de la sociedad que se benefició de la producción económica que generaba el petróleo.
Desgaste del sistema político venezolano y deslegitimación de los espacios naturales de participación política
Durante la época de “bonanza” económica que atravesó el país a partir de los años sesenta, el ciudadano y la ciudadana común fueron alejándose de la actividad política cotidiana, dejándole estos espacios a un conjunto reducido de actores/as que conformaron una elite política. Ello trajo como consecuencia una ausencia de vigilancia social en las instituciones, escenarios de grave corrupción en las esferas del poder, aunado a la creencia generalizada de que Venezuela es un país rico con inagotables recursos que se han llevado los y las políticos/as de turno.
Estas condiciones fueron minando cada vez más un sistema político caracterizado por el bipartidismo entre Acción Democrática (AD) y el partido social cristiano Comité Político Electoral Independiente (COPEI), lo cual se evidenció en un largo período de inestabilidad política creciente, de aumento de la confrontación y escalada de la violencia, cuyas mayores manifestaciones fueron los sucesos del Caracazo[6] de 1989 y los intentos de golpe de Estado del año 1992.
Es así como el desgaste del sistema político venezolano supuso entonces la deslegitimación de los espacios naturales de participación. Para la década de los noventa los partidos políticos enfrentaron severas crisis institucionales, que condujeron a la desaparición o a la división de muchos de ellos (por ejemplo, el Movimiento al Socialismo –MAS-), y el surgimiento de otros nuevos como el Movimiento V República mejor conocido como MVR (partido de Gobierno) y Primero Justicia (partido de oposición).
De este modo los partidos políticos como mecanismos de representación social legítima de intereses, tuvieron que replantearse su relación con la sociedad en su conjunto, esto es, el ejercicio de un nuevo rol ante los inminentes cambios que se presentaban en una sociedad cada vez más dividida por el conflicto.
Desconocimiento de formas constructivas para la resolución de conflictos
En Venezuela, la gran cantidad de recursos económicos existentes permitieron mitigar los conflictos de intereses que se presentaban en el conjunto de la sociedad. Esta situación trajo consigo que a nivel de Estado no se fortalecieran instituciones capaces de dirimir los conflictos, pero además, impidió el florecimiento de organizaciones de la sociedad civil que aplicaran formas alternativas de resolver esos conflictos.
Estamos entonces ante la presencia de un problema que afecta tanto a la institucionalidad del Estado, como a la propia sociedad civil, incapaz de crear mecanismos efectivos en la promoción de la tolerancia. Adicionalmente, este fenómeno llevó a una falta de interés generalizado por el tema, con la consecuente falta de educación ciudadana en materia de resolución y manejo de conflictos[7].
De este modo, sin instituciones a las que pudieran acudir y sin una población capacitada en el uso de herramientas para el manejo adecuado de los problemas cotidianos, los conflictos no llegaron a resolverse, sino más bien, se mantuvieron en estado de latencia por muchos años.
Así pues, a partir de elección del presidente Chávez en año 1998 y la idea de un Gobierno que exige refundar la República con una transformación profunda de todas las estructuras de la sociedad, la crisis nacional se agudiza en todos los niveles, el conflicto emerge y escala, sin encontrar una sociedad preparada para resolverlo, por lo cual, muchas acciones han sido emprendidas hasta el momento desde diversos frentes.
Rol protagónico de los medios de comunicación en la vida política nacional
En el escenario conformado por todos los elementos mencionados, los medios de comunicación social fueron adquiriendo cada vez una mayor relevancia dentro de la vida política nacional, presentándose en algunas encuestas como una de las instituciones que contaba con mayor respaldo y confianza por parte de la ciudadanía.
Para algunos/as, los medios han suplantado el rol que deberían cumplir los partidos políticos como instituciones de representación social, pues se les acusa de tomar un rol activo y parcializado dentro del escenario de la polarización, inclinándose por determinadas tendencias políticas y manipulando la información.
Factores que dificultan el desarrollo del tema
El conflicto de la polarización social y la violencia política es una problemática actual en la sociedad venezolana, razón por la cual, en mayor o menor medida todos/as y cada uno/a de los/as venezolanos/as se han visto afectados por su desarrollo y escalada.
Esta condición, se ha convertido en una gran oportunidad para que los/as ciudadanos/as reflexionen sobre el país que quieren; de igual manera, en muchas ocasiones la dinámica de este conflicto lo ha llevado a presentar escenarios de alta tensión y violencia, lo cual imposibilitó actuar sobre el mismo de otra forma distinta a la contención, que evite que se alcance el umbral destructivo con la violencia generalizada y sin control.
Por definición, en todo conflicto están presentes un conjunto de necesidades de las partes involucradas que requieren ser satisfechas para alcanzar una solución. Si esto no se da y el conflicto comienza a escalar, los sentimientos que están en juego en cualquier problemática también escalan, pudiendo desencadenar sentimientos negativos, pasiones e instintos de defensa y supervivencia que hacen imposible que las partes en conflicto puedan en ese momento llegar a un acuerdo; es más, hacen imposible que éstas puedan siquiera sentarse en una misma mesa. En este punto es necesario que bajen nuevamente los niveles de tensión entre las partes para establecer acuerdos.
Esta condición de escalada y exacerbación de las tensiones, que conforma una de las dinámicas propias de la polarización y la violencia, es uno de los elementos que dificultan en gran medida la posibilidad de desarrollar este tema y lo que es más importante, de dialogar y alcanzar acuerdos sostenibles en el tiempo.
En definitiva, como diría Lozada: “la profunda crisis sociopolítica y económica y la polarización que hoy vive Venezuela ofrecen un panorama nada alentador y poco favorable a la construcción de espacios de tolerancia y convivencia democrática. Sin embargo, es ese uno de nuestros mayores desafíos: la construcción de espacios de diálogo y la búsqueda de alternativas democráticas a la crisis”[8]
Un Indicador de la Conflictividad en Venezuela: La Polarización Social y Política
El hecho de que las personas posean posiciones y criterios políticos diferentes no entraña ninguna gravedad; los aspectos que desfavorecen el fortalecimiento de la democracia comienzan a aparecer cuando se pierde el respeto y la aceptación de dichas diferencias, es decir, cuando la intolerancia se inscribe en el tejido social para resquebrajarlo.
Para Lozada[9] la polarización social puede ser entendida psicológicamente como:
• Estrechamiento del campo perceptivo (percepción estereotipada: «nosotros-ellos»).
• Fuerte carga emocional (aceptación y rechazo sin matices).
• Involucramiento personal (cualquier hecho afecta a la persona).
• Quiebre del sentido común (posiciones rígidas e intolerantes suplantan la discusión, el diálogo o debate de posiciones diversas).
• Familias, escuela, iglesias, u otros espacios sociales de convivencia son obligados a colocarse en alguno de los polos.
• Personas, grupos e instituciones sostienen las mismas actitudes de exclusión, rigidez o enfrentamiento presentes en la lucha política.
• La confrontación aumenta la solidaridad y cohesión dentro de cada grupo.
• La percepción mutua es desfavorable, las interacciones hostiles o inexistentes y el conflicto es latente o manifiesto.
La naturalización de la violencia: la transformación del imaginario social
En el actual conflicto venezolano se viene produciendo una transformación del imaginario social referido al espíritu de convivencia que ha caracterizado a los venezolanos en las últimas décadas. Ante la actual situación de polarización y violencia política, la población sufre un proceso de cambios que afectan su vida, asumiendo como normal, por habitual, lo que no lo es. Ante la avalancha de sucesos de agresión, muerte y destrucción material o simbólica se transforma en cotidiana la violencia, y en este proceso de internalización y naturalización, se trastoca tanto la identidad del individuo como sus relaciones sociales.
“Así, cada sector incrementa su hermetismo como colectivo, percibiendo a los grupos opuestos políticamente, como posibles enemigos. Ante el temor a ser atacado, el cual es exacerbado por rumores, informaciones falsas, etc., se generan acciones defensivas individuales o de grupos para «atacar» o «salvarse», donde el lema explícito o implícito es: el Otro es el enemigo”.[10]
¿Qué se ha hecho?
A raíz de la profundización que ha sufrido la problemática planteada, desde algún tiempo se vienen desempeñando en el país distintas actividades orientadas a disminuir los niveles de conflictividad presentes en la sociedad venezolana. Algunas de estas actividades tienen como objetivo dar a conocer “Métodos y Herramientas para la Resolución Constructiva de Conflictos” o como también son llamados “Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos”. Así mismo buscan acercar y restablecer la comunicación entre las partes en conflicto, fomentar valores democráticos como la tolerancia, el respeto y el consenso, finalmente, promover el desarrollo de la cultura de paz en la sociedad en su conjunto.[11]
Estas actividades han estado dirigidas a muchos sectores de la población: las elites, las instituciones gubernamentales y las no gubernamentales, organizaciones de base y las comunidades educativas, entre otras. Su ejecución ha estado a cargo de organizaciones nacionales e internacionales que han mostrado interés en el tema y han procurado dar su aporte para la solución del conflicto en el país. Entre estas organizaciones internacionales destaca la labor de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter, las cuales han venido realizando facilitación de procesos de consenso entre las partes en conflicto y algunos procesos de capacitación de agentes de la sociedad civil en el tema de la cultura de paz.
El “Acuerdo de Mayo”: Una experiencia exitosa.
La experiencia emblemática que se tiene en el país en el tema de la resolución de conflictos se vivió a partir del mes de noviembre del año 2002, cuando se logran sentar en una misma mesa las partes protagonistas del conflicto nacional: representantes del gobierno y de la oposición nacional.[12] Ello fruto de un proceso de desgaste creciente de las relaciones entre ellos, caracterizados por un intento de golpe de estado en abril del 2001, continuos paros nacionales y la amenaza de nuevas acciones de esta índole, continuas manifestaciones de calle por parte de los distintos actores/as involucrados/as y un creciente estado de conflicto y violencia nacional.
El Gobierno Nacional, motivado por el aumento de la tensión social y política, extendió al Centro Carter y a la Organización de Estados Americanos (OEA) una invitación para presidir la llamada “Mesa de Negociación y Acuerdos”. Este espacio estaría destinado al diálogo entre representantes de la Oposición y del Gobierno Nacional, con el fin de encontrar una salida concertada y pacífica a la grave crisis que afectaba al país. Desde su llegada al país, ambas instituciones internacionales fungieron como las principales garantes de la negociación entre las partes, garantizando el éxito de todo el proceso y comprometiendo a los actores/as implicados/as en el respeto de los acuerdos concertados. Es así como, luego de varios meses de intensa negociación, pudo firmarse el denominado “Acuerdo de Mayo”, el cual contemplaba la realización del Referéndum Revocatorio Presidencial, figura jurídica contenida en la Constitución Nacional que apela a la consulta popular como mecanismo para legitimar o revocar el gobierno del primer mandatario nacional.
Luego de la intervención del Centro Carter y de la OEA, y posterior a la publicación del acuerdo alcanzado por las partes en disputa, los niveles de conflicto se mitigaron y el país poco a poco comenzó a recuperar su cotidianidad. En consecuencia, podríamos afirmar que este acuerdo sirvió en su momento para contener un conflicto que escalaba cada vez más. Es importante comentar que hasta el momento, y a pesar de múltiples problemas que se han presentado por parte de los distintos actores/as involucrados/as en la vida política nacional, los pactos acordados en la “Mesa de Negociación y Acuerdos” se han respetado tanto por parte del gobierno como de la oposición. En Agosto de 2004 se realizó una consulta popular que legitimó al presidente Hugo Chavez en el poder; que según los observadores electorales nacionales e internacionales como lo son: la OEA y el Centro Carter, se desarrolló de manera tranparente.
OEA, Centro Carter y Sociedad Civil Organizada: Otras experiencias
Conscientes de que los acuerdos a los que pueden llegar las élites son sustentables en la medida en que las bases así lo permitan; OEA y Centro Carter con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han planteado estrategias dirigidas a organizaciones de la sociedad civil, con el fin de identificar aliados/as claves que desde las bases puedan desempeñar un rol estratégico en la resolución y contención del conflicto. La estrategia más utilizada, en el establecimiento de canales de comunicación con la sociedad civil, ha sido la organización de talleres de capacitación en manejo constructivo y/o alternativo de los conflictos, así como la conformación de redes sociales que pudieran contener posibles escenarios de violencia desbordada.
Pedagogía para la Paz: Herramientas de Resolución de Conflictos en la Escuela
Una de las experiencias estuvo dirigida a miembros de comunidades educativas en todos el país y tuvo como objetivo principal facilitar contenidos para el manejo adecuado de los conflictos en el aula de clases y en la escuela en general, realzando valores como la paz, la tolerancia y el respeto, partiendo de una perspectiva sistémica.
Se involucró a las comunidades educativas nuevamente, haciéndose hincapié en la población infantil y juvenil, siendo la experiencia muy exitosa y enriquecedora. Los/as jóvenes tienen la facilidad de apropiarse rápidamente de estas herramientas, surgiendo de ellos/as la iniciativa de replicar estos contenidos a sus padres y representantes, profesores u otros adultos/as que se manejan en espacios potenciales de conflicto dentro de la escuela o en otros ámbitos de acción.
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz
Esta organización no gubernamental tiene como objetivo la promoción y defensa de derechos humanos, tales como, el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y la seguridad personal e inviolabilidad del hogar.
Entre sus experiencias más interesantes se encuentra la del Programa “Construyendo Justicia y Paz”, el cual busca potenciar a nivel nacional e internacional, la promoción y defensa de los derechos humanos. Este programa está dirigido a los diferentes poderes públicos del país, a medios de comunicación, a organizaciones gubernamentales internacionales de derechos humanos y a los grupos no gubernamentales nacionales e internacionales que orientan su acción en la defensa de derechos humanos como base de la cultura de paz.
Paz en Movimiento
Este es un conjunto de mas de 100 organizaciones y personas que se han unido con la finalidad de llevar adelante eventos que promuevan valores tales como la tolerancia, el respeto, entre otros, fomentando un clima de convivencia pacífica entre los/as ciudadanos/as. Para ello este colectivo ha llevado adelante un conjunto de acciones que han permitido reflexionar y elaborar planes de acción que contribuyan a la despolarización de la ciudadanía y que permitan contener posibles escenarios de violencia.
Dentro de sus estrategias más importantes está la organización de encuentros para difundir la temática de la tolerancia y la paz. El primero de ellos se realizó durante el mes de noviembre de 2003 en distintas ciudades del territorio nacional y consistió en la realización simultánea de un conjunto de actividades adelantadas por algunas de las organizaciones que lo conforman, además de eventos culturales como obras teatrales, danzas y toques musicales realizados en plazas públicas.
Frente a la polarización y la violencia, es necesario defender el diálogo y la paz, de ahí que creemos necesario atender con prioridad los procesos de reconstrucción del tejido social que se ha fracturado como consecuencia del conflicto. Cuatro factores son centrales en este proceso de reconstrucción del tejido social:
• La despolarización social.
• La lucha contra la impunidad.
• La reparación social.
• La construcción de ciudadanía y cultura de la paz
Algunas propuestas
Construcción de una visión compartida de país desde la perspectiva de los derechos humanos y la cultura de paz.
La superación de la polarización depende en primera instancia de un nuevo acuerdo nacional, en el cual participen todas las fuerzas y sectores sociales en pugna, con el objeto de concertar una visión de país y los mecanismos para poder alcanzarla. La puesta en escena de una meta y de un camino en común, supone un reconocimiento de la existencia de un legítimo otro/a, y por ende, marcaría un primer paso en el manejo adecuado de las tensiones inherentes a la vida social. Así pues se propone la construcción de un modelo de país compartido que incluya los siguientes aspectos generales:
• Superación de la pobreza, la exclusión y la inequidad social.
• Crecimiento económico sustentable mediante el fortalecimiento del aparato productivo “formal” de nuestra economía. (fomento del empleo y control de la inflación).
• Rescate de las instituciones que integran el Estado en su conjunto: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Moral (control de la corrupción, transparencia, auditoria – vigilancia social).
• Mejorar el Acceso a los grandes servicios públicos (salud y educación).
• Controlar la inseguridad ciudadana.
• Hacer especial énfasis en promover la educación en derechos humanos y cultura de paz.
Desde esta perspectiva Lozada plantea otras acciones que pueden contribuir a la despolarización y a la reconstrucción del tejido social, como lo son:
• Creación y/o fortalecimiento de espacios de diálogo y redes de apoyo.
• Generar redes de apoyo entre grupos u organizaciones, que ofrezcan seguridad afectiva y espacios alternativos para el intercambio de posiciones y búsqueda de salidas al margen del esquema polarizador.
• Creación de espacios de discusión auspiciados por instituciones como la Iglesia, universidades, organizaciones de derechos humanos, ONG, etc., donde se establezcan acuerdos de diálogo basados en la no descalificación, ni satanización del adversario y se definan mecanismos garantes de la seguridad de las personas y grupos participantes.
• Proteger los espacios de cohesión y/o encuentro social: familia, escuela, comunidades, ámbitos laborales, y ámbitos de recreación y esparcimiento (restaurantes, salas de concierto, p.e.) de la confrontación política y la polarización.
• Visibilizar y legitimar opciones alternativas a la polarización, donde grupos y figuras con diferentes posiciones, solvencia moral y credibilidad pública, ofrezcan otras miradas más realistas y menos mediatizadas del conflicto.
• Dar a conocer y reproducir experiencias locales concretas de diálogo entre sectores con diferentes posiciones políticas, a partir de bases mínimas de consenso. [13]
Promoción de formas constructivas de resolución de conflictos desde la perspectiva de los DDHH y la cultura de paz
El orden y la paz social dependerán en gran medida de la conformación y difusión de distintos mecanismos formales y alternativos con los que la sociedad pueda solventar de manera pacífica sus conflictos. El Estado tiene un rol protagónico en la conformación y creación de instituciones que den respuestas eficaces a los problemas ciudadanos y que les permitan solventar los mismos de una manera constructiva, en alianza estratégica con organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, se han considerado un conjunto de líneas que podrían contribuir a alcanzar esta meta. Las mismas se especifican a continuación:
• Afinar los mecanismos de acceso a la justicia por medio de la reforma del sistema de justicia.
• Otorgar a los medios de comunicación un rol protagónico en la socialización de los/as ciudadano/as en valores democráticos, el conocimiento de la ley y los mecanismos formales de acceder a la justicia, así como formas alternativas de resolución de conflictos que promuevan un clima de paz.
• Trabajar de forma permanente y sistemática con centros de enseñanza en la promoción la ciudadanía y cultura de paz.
• Propiciar el diálogo y mecanismos de cooperación entre los sectores público y privado.
• Continuar el trabajo que se viene desarrollando con el auspicio de organizaciones internacionales (OEA, Centro Carter y PNUD) en esta materia.
• Recuperar el rol de los partidos políticos como organizaciones que articulan las demandas de la ciudadanía hacia los decisores públicos.
La paz es un instrumento de transformación social, una herramienta intelectual de comprensión y de análisis y también un instrumento de cambio que puede ayudar a comprender el punto en el que se está, qué horizonte se quiere alcanzar y cómo establecer los pasos para acercarnos a él.
La cultura de paz es resultado de un largo proceso de reflexión y de acción, no es un concepto abstracto, sino el fruto de una actividad prolongada en favor de la paz y de los derechos humanos en distintos contextos y períodos históricos. De esta mirada la situación actual de conflicto político y social en Venezuela representa una oportunidad de crecimiento y desarrollo para fortalecer la democracia y el Estado Social de Derecho.
En este sentido la resolución no violenta de conflictos es efectivamente una aptitud necesaria para comprender a apoyar los derechos de las personas considerando que el conflicto es un aspecto más o menos permanente en la vida.
Por ello la formación de ciudadanos/as en herramientas para la resolución de conflictos cotidianos de manera pacífica y democrática es condición fundamental para el alivio de las tensiones sociales inmanentes a la pluralidad de intereses existentes al interior de toda sociedad. Es por ello, que la conformación de instituciones formales y alternativas especializadas en el manejo de los conflictos, al nivel del Estado y de la sociedad civil, son condiciones esenciales para el mantenimiento de un clima de tolerancia y de paz social.
Referencias:
[1] El presente artículo se basa en el trabajo monográfico realizado por el autor, para alcanzar el título de especialista superior en derechos humanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
[2] Licenciado en Ciencias Pedagógicas, especialista superior en Derechos Humanos. Director de Investigación y Documentación del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Profesor titular del Diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello.
e-mail: manmireles@hotmail.com
[3] Lozada, Mireya. Violencia política y polarización social: desafíos y alternativas. Conferencia dictada en el Centro de Estudios Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» (CELARG), Caracas, 9 de junio de 2002.
[4] Alvarez, Angel. "La crisis de hegemonía de los partidos políticos venezolanos". En: Alvarez, Angel (Coord). El Sistema Político Venezolano: crisis y transformaciones. UCV, Caracas, 1996
[5] Gabaldón, Luis et al. Legitimidad y Sociedad. Editorial Alfadil/Tropykos. Caracas, 1989.
[6] Oleada de saqueos en la principales ciudades del país como respuesta a las acciones neoliberales del presidente Carlos Andrés Pérez.
[7] Mato, Daniel. Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y El Caribe. Editorial Nueva Sociedad. Caracas, 1994.
[8] Lozada, Mireya, Violencia política y polarización social: desafíos y alternativas. Conferencia dictada en el Centro de Estudios Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» (CELARG), Caracas, 9 de junio de 2002.
[9] Op. Cit.
[10] Lozada, Mireya, Violencia política y polarización social: desafíos y alternativas. Conferencia dictada en el Centro de Estudios Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» (CELARG), Caracas, 9 de junio de 2002.
[11] Programa Venezolano de Educación-Acción en derecho humanos (PROVEA), “Situación de los derechos humanos en Venezuela” Informe Anual Oct. 2003-Sep. 2004.
[12] Programa Venezolano de Educación-Acción en derecho humanos (PROVEA), “Situación de los derechos humanos en Venezuela” Informe Anual Oct. 2002-Sep. 2003
[13] Lozada, Mireya, Violencia política y polarización social: desafíos y alternativas. Conferencia dictada en el Centro de Estudios Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» (CELARG), Caracas, 9 de junio de 2002.
No hay comentarios:
Publicar un comentario